El sinuoso camino de las cadenas libres de deforestación

Foto de portada: © European Union 2024

 

La implementación de la EUDR (por sus siglas en inglés) parte del supuesto que las empresas grandes concentran la exportación y deben asumir los costos de la norma. En la práctica, los pequeños productores tienen múltiples opciones de comercialización, en el Perú, la participación de empresas multinacionales en café y cacao no supera el 20% y las grandes empresas, el 40%. Luego de 30 meses de anunciarse la medida, son los pequeños productores europeos quienes muestran su preocupación por el alcance de la norma.

 

Comienza el proceso

El 17 de noviembre de 2021, la Unión Europea propuso la “debida diligencia obligatoria” como una medida para detener la deforestación de las cadenas de suministro básicas, tanto en los ámbitos europeos como los países proveedores. Delara Burkhardt, eurodiputada alemana, señaló: “Las empresas tendrán que demostrar que sus productos no han contribuido a la destrucción de los bosques antes de entrar al mercado europeo... son las empresas, no los consumidores ni los organismos de certificación, las responsables de garantizar que las cadenas de suministro internacionales sean justas y sostenibles".

Las “empresas” tendrán la responsabilidad de reportar información de lo comercializado en la UE, corroborando que no estén relacionados con la deforestación, según el Comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevičius esto incluye “tomar medidas de mitigación adecuadas y proporcionadas, como el uso de herramientas de monitoreo satelital, auditorías de campo, desarrollo de capacidades de proveedores o pruebas de isótopos”, algo que involucra a productores y autoridades locales.

 

© European Union 2024/ Mathieu CUGNOT 

Se formaliza el acuerdo

El 19 de Abril de 2023, en un día histórico para activistas ambientales[1], con una mayoría abrumadora de 552 votos a favor, 44 en contra y 43 abstenciones se aprobó el EUDR, éste incluye ganado, cacao, café, aceite de palma, caucho, soja y madera; además de sub productos como cuero, chocolate, carbón y papel impreso.

La propia UE señaló que este reglamento implica un desafío de implementación. Cada importador deberá tener una declaración de debida diligencia que confirme que el producto no proviene de tierras deforestadas ni degradadas, esto incluye una geolocalización de las parcelas. Además, se deberá verificar que la producción cumpla con legislación nacional respecto a los derechos de las personas y pueblos originarios.

Esto generará burocracia, en los países importadores, en las empresas exportadoras y en los países exportadores, así, se deberán definir autoridades específicas que respalden, verifiquen y tengan métodos de control que permita respaldar el comercio de materias primas y derivados.  La mayor cantidad de información a generar se registrará en los países productores, en cadenas con alta presencia de pequeños productores, en ámbitos rurales, de baja conectividad y alta informalidad en la tenencia de la tierra. En palabras propias de funcionarios de la UE: “el instrumento no es perfecto y genera desafíos”, pues la aplicabilidad de la norma tendrá distintos umbrales fuera y dentro de Europa.

En este proceso, bajo parámetros definidos por la UE, los países proveedores seremos clasificados según “riesgo de deforestación”: como de riesgo bajo, estándar o alto. Cada país tendrá un mecanismo diferenciado de control: 9% para los países de alto riesgo, 3% para los de riesgo estándar y 1% para los de bajo riesgo. A mayor “riesgo” definido por la UE, el país requeriría mayor inversión sobre el control.

Las reacciones a la norma

En Junio del 2023, Indonesia y Malasia, los dos mayores productores de aceite de palma calificaron la ley de “intrínsecamente discriminatoria y punitiva por naturaleza[2]” lo cual fue rechazado por la Unión Europea, poniendo en jaque un acuerdo de libre comercio. Ya en 2019, Yakarta presentó ante la Organización Mundial del Comercio un caso por los planes de la UE de eliminar gradualmente el aceite de palma como materia prima para biocombustibles. Esta nueva medida, iría en la misma línea.

Para la ministra de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, la ley afectaría los esfuerzos de erradicar la pobreza y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas:

“La trazabilidad es un costo adicional [debido a] procedimientos administrativos. Se necesita un consultor, se necesita comprar un sistema, se necesita comprar nuevos servicios…. se crean negocios adicionales, para este cumplimiento”.

La respuesta de la UE llegó de Astrid Ladefoged, funcionaria de la comisión de medio ambiente, calificó de “preocupaciones muy válidas" por parte de Indonesia. Se comprometió a trabajar con los países productores en una  Plataforma de múltiples partes interesadas para proteger y restaurar los bosques del mundo. Respeto a la norma, insiste que el cumplimiento de la trazabilidad recae en las grandes empresas comerciales y no en pequeños productores, señalando “no es una obligación usar un sistema de certificación”.

Para Gert van der Bijl de Solidaridad Network esto distrae el punto importante del pequeño productor: aumentar productividad, los pequeños productores necesitan más ingresos y si no pueden crecer en área, deberá ser en producción. La agricultura sostenible va más allá de la no deforestación. Esto aviva el debate de donde orientar la cooperación sobre este punto: sistemas de trazabilidad o mejorar productividad, lo que Europa requiere, lo que el productor necesita.

A finales del año pasado, Brasil e Indonesia propiciaron una carta conjunta de 17países[3] expresando preocupación por la implementación de la ley anti deforestación de la Unión Europea, señalando que la norma interrumpiría el comercio internacional y generaría una sobrecarga para los países productores en la implementación de los procesos, además el enfoque de “talla única” de la medida no considera que cada país tiene un proceso distinto del conjunto de obligaciones solicitadas por la UE.  Según detalla la Cancillería Indonesia firmaron la carta: Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Ghana, Guatemala, Honduras, Indonesia, Colombia, Malasia, México, Nigeria, Costa de Marfil, Paraguay, Perú, Tailandia y República Dominicana.

En la revisión de los artículos, es recurrente el comentario en países exportadores, que la UE impone inconsulta y asimétricamente su agenda verde a sus “socios” comerciales.

 

La visita a América del Sur

El 15 de marzo de 2024 Comisario de Medio Ambiente de la UE, Virginijus Sinkevičius inició su visita a Paraguay, Bolivia y Ecuador para abordar in situ las preocupaciones del efecto de la norma. En esta visita mostro el interés de la UE por financiar sistemas de trazabilidad que apoyen el monitoreo del cumplimiento de las normas, así como impulsar otras iniciativas y fondos contra la deforestación.

Paraguay se pronunció en la cumbre ministerial de la Organización Mundial de Comercio, señalando que “medidas ambientales unilaterales relacionadas con el comercio provocarían distorsiones” Patricia Frutos, viceministra de Economía dijo “como país en desarrollo sin litoral, la respuesta es simple: más comercio y menos proteccionismo”.

 

Dilación y detracción[4]

Frente a las fuertes críticas, la UE retrasaría la publicación de la clasificación, dejando la decisión a la próxima Comisión, luego las elecciones europeas de junio. Reuters informó que la Comisión está considerando posponer la publicación de las calificaciones de riesgo hasta 2025, designando a todos los países con un nivel de riesgo “medio” en tanto se van generando los espacios y mecanismos de control.

El 26 de Marzo, Euractiv -medio especializado en políticas UE- informó que el Ministerio de Agricultura de Austria y otros seis estados buscan retrasar la implementación de la EUDR, además de eximir a los pequeños productores de Europa del alcance de la reglamentación: “la norma afectará negativamente las prácticas agrícolas y forestales sostenibles dentro de la UE… mientras que a terceros países sólo se les prohíbe el ingreso al mercado europeo”. Esta posición centrada en el sector agroforestal europeo podría debilitar la norma calificada como “revolucionaria” por los ambientalistas.

La norma muestra divergencias sectoriales, el Ministerio de Ambiente de Austria señaló que la posición del Ministerio de Agricultura “no es oficial”. En tanto autoridades agrarias de Finlandia, Polonia, Italia, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia han solicitado flexibilizar la EUDR para los pequeños productores de sus países y ampliar significativamente los plazos, dado las cargas burocráticas que implicará la norma. De prosperar esta posición, sería una asimetría que iría en contra de las reglas del comercio internacional.

En este contexto, el Perú ha dado ya algunos pasos en el cumplimiento, el MIDAGRI ha firmado un memorando de entendimiento con ENVERITAS como otros países de la región da cuenta del monitoreo áreas deforestadas luego del 2020, el propio MIDAGRI avanza en el padrón de productores, como mecanismo de trazabilidad. En la Cámara hemos promovido el Acuerdo Café y Bosque como un espacio que de respaldo y soporte al trabajo de los privados en el cumplimiento de sus estándares ambientales. Estos avances y su discusión serán abordados en la 26 Convención Nacional del Café y Cacao, con expertos nacionales e internacionales.

Escriben: David Gonzales y Sergio Venero