05 de Abr 2024 | Café
El sinuoso camino de las cadenas libres de deforestación
La entrada en vigor del Reglamento Europeo sobre productos Libres de Deforestación (EUDR) es el comienzo de un nuevo escenario para el comercio internacional. Formalizar estándares ambientales y trazabilidad resulta más complicado de lo esperado.
Foto de portada: © European Union 2024
La implementación
de la EUDR (por sus siglas en inglés) parte del supuesto que las empresas
grandes concentran la exportación y deben asumir los costos de la norma. En la
práctica, los pequeños productores tienen múltiples opciones de
comercialización, en el Perú, la participación de empresas multinacionales en
café y cacao no supera el 20% y las grandes empresas, el 40%. Luego de 30 meses
de anunciarse la medida, son los pequeños productores europeos quienes muestran
su preocupación por el alcance de la norma.
Comienza el
proceso
El 17 de noviembre
de 2021, la Unión Europea propuso la “debida diligencia obligatoria” como una
medida para detener la deforestación de las cadenas de suministro básicas,
tanto en los ámbitos europeos como los países proveedores. Delara Burkhardt,
eurodiputada alemana, señaló: “Las empresas tendrán que demostrar que sus
productos no han contribuido a la destrucción de los bosques antes de entrar al
mercado europeo... son las empresas, no los consumidores ni los organismos de
certificación, las responsables de garantizar que las cadenas de suministro
internacionales sean justas y sostenibles".
Las “empresas” tendrán la responsabilidad de reportar información de lo comercializado en la UE, corroborando que no estén relacionados con la deforestación, según el Comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevičius esto incluye “tomar medidas de mitigación adecuadas y proporcionadas, como el uso de herramientas de monitoreo satelital, auditorías de campo, desarrollo de capacidades de proveedores o pruebas de isótopos”, algo que involucra a productores y autoridades locales.
©
European Union 2024/ Mathieu CUGNOT
Se formaliza el acuerdo
El 19 de Abril de
2023, en un día histórico para activistas ambientales[1],
con una mayoría abrumadora de 552 votos a favor, 44 en contra y 43 abstenciones
se aprobó el EUDR, éste incluye ganado, cacao, café, aceite de palma, caucho,
soja y madera; además de sub productos como cuero, chocolate, carbón y papel
impreso.
La propia UE señaló
que este reglamento implica un desafío de implementación. Cada importador deberá
tener una declaración de debida diligencia que confirme que el producto no
proviene de tierras deforestadas ni degradadas, esto incluye una
geolocalización de las parcelas. Además, se deberá verificar que la producción
cumpla con legislación nacional respecto a los derechos de las personas y
pueblos originarios.
Esto generará
burocracia, en los países importadores, en las empresas exportadoras y en los
países exportadores, así, se deberán definir autoridades específicas que
respalden, verifiquen y tengan métodos de control que permita respaldar el
comercio de materias primas y derivados.
La mayor cantidad de información a generar se registrará en los países
productores, en cadenas con alta presencia de pequeños productores, en ámbitos
rurales, de baja conectividad y alta informalidad en la tenencia de la tierra.
En palabras propias de funcionarios de la UE: “el instrumento no es perfecto y
genera desafíos”, pues la aplicabilidad de la norma tendrá distintos umbrales
fuera y dentro de Europa.
En este proceso,
bajo parámetros definidos por la UE, los países proveedores seremos clasificados
según “riesgo de deforestación”: como de riesgo bajo, estándar o alto. Cada
país tendrá un mecanismo diferenciado de control: 9% para los países de alto
riesgo, 3% para los de riesgo estándar y 1% para los de bajo riesgo. A mayor
“riesgo” definido por la UE, el país requeriría mayor inversión sobre el
control.
Las reacciones a la norma
En Junio del 2023,
Indonesia y Malasia, los dos mayores productores de aceite de palma calificaron
la ley de “intrínsecamente discriminatoria y punitiva por naturaleza[2]” lo cual fue
rechazado por la Unión Europea, poniendo en jaque un acuerdo de libre comercio.
Ya en 2019, Yakarta presentó ante la Organización Mundial del Comercio un
caso por los planes de la UE de eliminar gradualmente el aceite de palma
como materia prima para biocombustibles. Esta nueva medida, iría en la misma
línea.
Para la ministra de
Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, la ley afectaría los
esfuerzos de erradicar la pobreza y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de las Naciones Unidas:
“La trazabilidad es
un costo adicional [debido a] procedimientos administrativos. Se necesita un
consultor, se necesita comprar un sistema, se necesita comprar nuevos
servicios…. se crean negocios adicionales, para este cumplimiento”.
La respuesta de la
UE llegó de Astrid Ladefoged, funcionaria de la comisión de medio ambiente,
calificó de “preocupaciones muy válidas" por parte de Indonesia. Se
comprometió a trabajar con los países productores en una Plataforma de múltiples partes interesadas para proteger y restaurar los
bosques del mundo. Respeto a la norma, insiste que el cumplimiento
de la trazabilidad recae en las grandes empresas comerciales y no en pequeños
productores, señalando “no es una obligación usar un sistema de certificación”.
Para Gert van der
Bijl de Solidaridad Network esto distrae el punto importante del pequeño
productor: aumentar productividad, los pequeños productores necesitan más
ingresos y si no pueden crecer en área, deberá ser en producción. La
agricultura sostenible va más allá de la no deforestación. Esto aviva el debate
de donde orientar la cooperación sobre este punto: sistemas de trazabilidad o
mejorar productividad, lo que Europa requiere, lo que el productor necesita.
A finales del año
pasado, Brasil e Indonesia propiciaron una carta conjunta de 17países[3] expresando
preocupación por la implementación de la ley anti deforestación de la Unión
Europea, señalando que la norma interrumpiría el comercio internacional y
generaría una sobrecarga para los países productores en la implementación de
los procesos, además el enfoque de “talla única” de la medida no considera que
cada país tiene un proceso distinto del conjunto de obligaciones solicitadas
por la UE. Según detalla la Cancillería
Indonesia firmaron la carta: Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Ghana, Guatemala,
Honduras, Indonesia, Colombia, Malasia, México, Nigeria, Costa de Marfil,
Paraguay, Perú, Tailandia y República Dominicana.
En la revisión de
los artículos, es recurrente el comentario en países exportadores, que la UE
impone inconsulta y asimétricamente su agenda verde a sus “socios” comerciales.
La visita a América del
Sur
El 15 de marzo de
2024 Comisario de Medio Ambiente de la UE, Virginijus Sinkevičius inició su
visita a Paraguay, Bolivia y Ecuador para abordar in situ las preocupaciones
del efecto de la norma. En esta visita mostro el interés de la UE por financiar
sistemas de trazabilidad que apoyen el monitoreo del cumplimiento de las
normas, así como impulsar otras iniciativas y fondos contra la deforestación.
Paraguay se
pronunció en la cumbre ministerial de la Organización Mundial de Comercio,
señalando que “medidas ambientales unilaterales relacionadas con el comercio
provocarían distorsiones” Patricia Frutos, viceministra de Economía dijo “como
país en desarrollo sin litoral, la respuesta es simple: más comercio y menos
proteccionismo”.
Dilación y detracción[4]
Frente a las
fuertes críticas, la UE retrasaría la publicación de la clasificación, dejando
la decisión a la próxima Comisión, luego las elecciones europeas de
junio. Reuters informó que la Comisión está considerando posponer la
publicación de las calificaciones de riesgo hasta 2025, designando a todos los
países con un nivel de riesgo “medio” en tanto se van generando los espacios y
mecanismos de control.
El 26 de Marzo,
Euractiv -medio especializado en políticas UE- informó que el Ministerio de
Agricultura de Austria y otros seis estados buscan retrasar la implementación
de la EUDR, además de eximir a los pequeños productores de Europa del alcance
de la reglamentación: “la norma afectará negativamente las prácticas agrícolas
y forestales sostenibles dentro de la UE… mientras que a terceros países sólo
se les prohíbe el ingreso al mercado europeo”. Esta posición centrada en el
sector agroforestal europeo podría debilitar la norma calificada como
“revolucionaria” por los ambientalistas.
La norma muestra
divergencias sectoriales, el Ministerio de Ambiente de Austria señaló que la
posición del Ministerio de Agricultura “no es oficial”. En tanto autoridades
agrarias de Finlandia, Polonia, Italia, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia han
solicitado flexibilizar la EUDR para los pequeños productores de sus países y
ampliar significativamente los plazos, dado las cargas burocráticas que
implicará la norma. De prosperar esta posición, sería una asimetría que iría en
contra de las reglas del comercio internacional.
En este contexto,
el Perú ha dado ya algunos pasos en el cumplimiento, el MIDAGRI ha firmado un
memorando de entendimiento con ENVERITAS como otros países de la región da
cuenta del monitoreo áreas deforestadas luego del 2020, el propio MIDAGRI
avanza en el padrón de productores, como mecanismo de trazabilidad. En la
Cámara hemos promovido el Acuerdo Café y Bosque como un espacio que de respaldo
y soporte al trabajo de los privados en el cumplimiento de sus estándares
ambientales. Estos avances y su discusión serán abordados en la 26 Convención
Nacional del Café y Cacao, con expertos nacionales e internacionales.
Escriben:
David Gonzales y Sergio Venero
[1] https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/campaigners-hail-historic-day-as-parliament-adopts-eu-anti-deforestation-law/
[2] https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/brussels-refutes-indonesias-claims-on-eu-anti-deforestation-law/